El gobierno de Brasil como el de Colombia, el país convocante de la reunión, enfatizaron en la importancia de proteger la Amazonía y evitar que se siga deteriorando.
La cumbre, realizada entre el 6 y 8 de julio de 2023 y que contó con la asistencia de más de 400 personas, giró alrededor del temor de que la Amazonía llegue al punto de no retorno.
Entre 2001 y 2020, la Amazonía perdió 54,2 millones de hectáreas, equivalente al 8.7 % de sus bosques, según cifras de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). La ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, aseguró que “si la Amazonía sobrepasa el 20 % de la deforestación ya no tendrá la capacidad de regenerarse y más en estas condiciones climáticas. Esto empezaría a ser el fin o su muerte”. La conferencia abordó la urgencia de detener los crímenes ambientales como la deforestación y la minería ilegal.
Sin embargo, también hubo algunas críticas como la poca presencia de comunidad campesina y por la participación del gobierno de Venezuela, un país que ha sido cuestionado por su permisividad frente a la minería, tanto legal como ilegal, que ha afectado ecosistemas amazónicos y pueblos indígenas, así como por las violaciones a los derechos humanos en su territorio.
Acuerdo para evitar el punto de no retorno.
El principal logro de la cumbre de Leticia es la propuesta de un plan estratégico de los ministros de Ambiente de los ocho países participantes —Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela— para evitar el punto de no retorno en la Amazonía.
Para Raphael Hoetmer, director del programa Amazonía Occidental de la organización de la sociedad civil Amazon Watch, es importante que se haya discutido el tema de los delitos ambientales. “Este reconocimiento es un paso tímido, pero la tarea es muy grande”, dice. Agrega que el tema no es solo criminal, sino social y que se necesita impulsar economías sostenibles que provean alternativas dignas a las poblaciones amazónicas para que puedan abandonar las actividades ilegales que dañan el medio ambiente.
Precisamente, los pueblos indígenas de la Amazonía son las principales víctimas de estas economías, en particular de la minería ilegal.
Las estrategias comerciales deben incluir a las comunidades.
Otro de los grandes temas de la reunión en Leticia fue el desarrollo de alternativas productivas para los indígenas y campesinos de la cuenca amazónica basadas en la investigación científica y de mercado. “Se requiere que la bioeconomía o economía verde avance pronto como una alternativa a las economías ilícitas para las comunidades”, dice Arenas. Para que estas iniciativas prosperen se requiere de financiamiento, de conocimiento local y que los aprendizajes se traduzcan a las comunidades para hacerlos accesibles.
La discusión en torno a la necesidad de regular el mercado de los bonos de carbono que prometen ingresos para las comunidades a cambio de preservar los bosques, también estuvo presente durante la cumbre, específicamente en los espacios paralelos de la sociedad civil. “No hubo mucha mención en las intervenciones de los presidentes o en las conclusiones. Pero desde la sociedad civil, sí hay una alerta muy grande que se ha expresado a la ministra de Ambiente de Colombia”, asegura Arenas.
